Conversatorio
– julio 26 2018
Urgen políticas públicas que apoyen a los jóvenes en su proceso de inclusión social
En un país donde la brecha entre ricos y pobres es abismante, es poco comprensible ver con naturalidad que casi un millón de jóvenes chilenos que tuvieron los recursos necesarios para acceder a estudios superiores, viva todavía con sus padres.
Mientras casi un millón de chilenos de más de 31 años vive todavía en casa de sus padres, miles de jóvenes que han vivido gran parte de su vida en diversas organizaciones de desarrollo social al cumplir la mayoría de edad deben insertarse en la sociedad sin el apoyo económico y emocional necesario.
Un estudio reciente de la U. Católica, realizado sobre la base de datos de la Encuesta Casen, reveló que casi un millón de chilenos mayores de 31 años vive aún en la casa de sus padres. Entre las razones de este fenómeno destacan la extensión de los periodos de estudio, los cambios sociales y de estructura familiar de los últimos 20 años, y el emprendimiento en materia laboral.
El estudio se refiere a jóvenes profesionales, es decir, con estudios superiores cursados, cabe preguntarse entonces cuál es la realidad de aquello jóvenes que no han tenido la posibilidad de estudiar y que además, han pasado gran parte de sus vidas al cuidado de organizaciones porque no cuentan con redes familiares de apoyo.
En un país donde la brecha entre ricos y pobres es abismante, es poco comprensible ver con naturalidad que casi un millón de jóvenes chilenos que tuvieron los recursos necesarios para acceder a estudios superiores, viva todavía con sus padres y no llame la atención el alto porcentaje jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales y que al cumplir 18 años deban salir de las instituciones donde han pasado gran parte de su vida, a enfrentar el mundo sin recursos económicos y sin el apoyo emocional ni familiar que se requiere para hacerlo de manera exitosa.
A modo de referencia, 8 de cada 10 de estos jóvenes entre 18 y 24 años, dependen residencialmente de sus padres. Mientras que un grupo de ellos que vive en organizaciones como Aldeas Infantiles SOS Chile reciben una subvención del Estado hasta los 24 años, solo si estudian, de lo contrario solo hasta la mayoría de edad.
En este contexto, Observa, junto a Aldeas Infantiles SOS Chile, Fundación Sentido y Corporación Crecer Mejor realizaron este martes 24 de julio un Conversatorio titulado “Ruta de preparación para la Vida Independiente e Inserción Exitosa de Jóvenes” el que se desarrolló en el Salón del Ministerio de Desarrollo Social.
Siempre en la línea de visibilizar las problemáticas que afectan a los niños, niñas y jóvenes bajo protección del Estado, Paulina Fernández, Directora de Asuntos Públicos de Aldeas Infantiles SOS, Alejandro Tsukame, Asesor de Abogacía y Estudios de la misma organización, Carol Brown, Subsecretaria de la Niñez, Karina Soto, Coordinadora Nacional del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, analizaron esta problemática y se refirieron a la urgencia de implementar políticas públicas que apoyen la inclusión social de éstos jóvenes cuando deben abandonar las instituciones.
Uno de los modelos que se propuso, basado en el éxito que ha tenido a nivel internacional y local, es el de las casas compartidas, espacios financiados por el Estado que ofrece espacios habitacionales para grupos de jóvenes que cumplan con la función de prevenir la situación de calle.
Margarita Guzmán, de Fundación Sentido entrega cifras importantes: “Una de cada cuatro personas que viven en situación de calle en Chile, pasó por alguna residencia dependiente de Sename, sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, muchos de ellos no cuentan con las redes de apoyo necesarias, ni con un techo donde vivir. Aquí radica entonces la importancia de contar con una oferta programática que entregue este tipo de oportunidades a los jóvenes”, declaró haciendo énfasis en el deber que tenemos como sociedad y como Estado de diseñar políticas públicas que aporten a la ruta de la preparación para la vida independiente.
Paulina Fernández, Directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS dijo que “No tiene sentido que aceptemos como algo natural que personas de más de 31 años, profesionales, que tuvieron acceso a contención familiar y económica vivan todavía con sus padres y a la vez esperemos que jóvenes que no cuentan con ninguna de esas ventajas, salgan a los 18 años a hacerse cargo de sus vidas sin ningún apoyo, muchos de ellos sin tener siquiera dónde vivir. Urge implementar políticas públicas que operen en beneficio de quienes tienen las ganas de salir adelante pero no cuentan con los recursos para hacerlo”, finalizó.